Sector de energía renovable teme pérdida de 1.000 empleos

En 2014 la industria solar generó más de 600 empleos, según Acesolar.

Febrero 19,2015

El sector de energías renovables teme perder 1.000 empleos tras el cierre del plan piloto del ICE, que inyectó en la red de distribución 10 megavatios (MW) de energía solar.

El plan piloto fue promovido por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para evaluar el impacto de esta fuente en la red del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y arrancó en octubre del 2010, con 5 MW y dos años de plazo. Apenas en el 2012 empezaron a llegar los interesados, y, luego de estudiar los resultados, el Instituto amplió el plan por tres años y aumentó la potencia hasta 10 MW.

El año pasado, solo la industria solar generó más de 600 empleos. Si a esta se suman las otras tecnologías renovables (biomasa, biogás, mini hidro y mini eólica), la generación distribuida crea más de 1.000 empleos directos e indirectos, manifestó Harold Steinvorth, directivo de la Asociación de Energía Solar de Costa Rica (Acesolar).

Ante las alertas del sector de energías, Javier Orozco, jefe del Proceso de Expansión del Sistema del ICE, explicó que el cese del plan piloto no implica que quienes hayan participado deban retirarse del sistema, debido a que estos 366 clientes firmaron un contrato de conexión con el Instituto por 15 años.

La generación distribuida es un sistema que permite a los generadores de energía pequeña escala producir para autoconsumo y, además, para comercializar los excedentes en el SEN.

Para empresarios como Alejandro Brenes, gerente general de Enertiva, la solución inmediata para evitar la crisis del sector está en manos del ICE. Esto pues, aunque el Reglamento de Planeación, Operación y Acceso al Sistema de Energía Nacional (POASEN) está vigente desde abril del 2014, aún no está lo suficientemente afinado como para definir un norte sobre generación distribuida.

“La alternativa es que el Instituto extienda el plazo del plan piloto hasta que se implemente la normativa POASEN por parte de la ARESEP”, dijo Brenes.

Sin embargo, Luis Pacheco, gerente de Electricidad del ICE, explicó a La Nación que el plan cesó el 6 de febrero. Ante tales circunstancias, el futuro de la generación distribuida quedará ahora en manos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), mediante el POASEN.

"El plan piloto tenía objetivos y metas definidas, orientadas a investigar el impacto de esta generación en las redes de distribución, tanto en costos como operativos. Asimismo, se vio como una oportunidad para evaluar el comportamiento del mercado asociado a esta tecnología. Cumplido el tiempo establecido para el proyecto, estamos en el proceso de evaluación y resultados del mismo", dijo Pacheco.

Nota del editor: Esta información fue actualizada a las 3:00 p.m.

Fuente: La Nación

Falta de financiamiento pone en jaque la carbono neutralidad tica

Dirección de Cambio Climático apenas cuenta con cuatro funcionarios

Diciembre 07,2014

Lima, Perú. La estrategia de carbono neutralidad del país peligra porque aún no es vinculante, sino que depende de la buena voluntad.

Así lo dio a conocer un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, fechado en noviembre. En este se recalca la necesidad de oficializar la estrategia de carbono neutralidad para que sea vinculante a instituciones públicas y todos los sectores.

“Se necesita el desarrollo de productos y actividades de carácter transversal, debido a que las acciones contenidas en ese instrumento requieren de la participación de varias entidades ejecutantes para un mismo producto”, dijo la Contraloría.

Con un compromiso asumido en 2007, Costa Rica se adelantó a los otros países al pretender alcanzar la carbono neutralidad en el 2021 y así celebrar el bicentenario de su independencia. En setiembre, el presidente Luis Guillermo Solís ratificó en Nueva York esta meta.

Sin embargo, a la estrategia y plan de acción los aqueja otro mal: la falta de financiamiento para precisamente orquestar el desarrollo al que aspira el país.

Lo dicho por la Contraloría, ya lo sabe el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).

“Digamos que la carbono neutralidad de Costa Rica toma como base el 2005; eso quiere decir que al 2020 no vamos a adicionar una sola tonelada de carbono. En eso estamos trabajando. Estamos realizando una revisión exhaustiva con datos duros y simulaciones de la meta para ver si efectivamente hay una viabilidad real de lograrla y si no es así, entonces, generar una propuesta sustentada en información científica”, explicó el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez.

Para la secretaria del Consejo Presidencial Ambiental y del Consejo Sectorial de Ambiente, María Virginia Cajiao, la carbono neutralidad y el cambio climático se están “planteando como manejo integral del territorio, donde se incluye adaptación y mitigación”.

De hecho, y según María Virginia Cajiao, el Plan Nacional de Desarrollo 2015­2018 apuesta a un crecimiento bajo en emisiones de carbono como estrategia de resiliencia (capacidad de recuperación ante la adversidad) ante los impactos del cambio climático.

Lo cierto es que la fecha de cumplimiento de la meta de carbono neutralidad está cada vez más cerca y en el corto plazo, la Contraloría de la República impuso una fecha para oficializar el instrumento y así hacerlo vinculante: mayo del 2015.

Prioridad. En el 2009, la Dirección de Cambio Climático (DCC) del Ministerio de Ambiente (Minae) elaboró la Estrategia Nacional de Cambio Climático, cuyo plan de acción prioriza la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI) (que causan el calentamiento global) en los sectores de energía y transporte.

Según el V Inventario Nacional de GEI del Instituto Metereológico Nacional (IMN), el país emitió 8,78 millones de toneladas de carbono equivalente (incluye todos los GEI) en el 2010. Transporte fue el mayor emisor con 4,67 millones de toneladas.

En adaptación, el plan enfoca sus acciones en el recurso hídrico y el agropecuario por ser tan sensibles a la variabilidad climática.

“La carbono neutralidad depende de la capacidad de la DCC de convencer porque la meta no es vinculante y nos toca convencer con cuatro personas”, comentó Wílliam Alpízar, director de esta dependencia del Minae.

Y agregó: “Nos falta gente y recursos. Tampoco pueden ser recursos solo de la cooperación, porque eso no es sostenible. Tienen que ser recursos que vengan del presupuesto nacional”.

Aunque su labor debería ser orquestar a las otras instituciones y sectores, la DCC opera con cuatro personas cuando, y según su director, se requiere un personal de al menos 15.

Esa falta de recursos queda en evidencia cuando la Contraloría de la República señala que se carecen de mecanismos de seguimiento y medición.

El instrumento utilizado para realizar dicho seguimiento es una matriz que no permite estimar de manera razonable el grado de avance en el logro de los productos consignados en el Plan de Acción, pues, únicamente muestra si una actividad se encuentra en ejecución o finalizada, sin que se muestren plazos de cumplimiento, porcentajes de avance, ni otra información importante para definir el cumplimiento de las metas que ahí se indican”, destaca el informe.

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ICE sale al rescate de la CNFL para que esta pueda afrontar sus deudas

Acuerdo permitió a la Compañía cumplir con acreedores, reconoce gerente

Empresa tiene escasa capacidad para cubrir pasivo a corto plazo, dice CGR

Enero 19,2015

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) salió al rescate de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), el año pasado, para que la empresa pudiera enfrentar el pago de deudas con acreedores.

El ICE permitió a su subsidiaria posponer, para este año, la liquidación de una factura por ¢19.000 millones de la compra de energía realizada en noviembre pasado.

Así lo reconocieron a La Nación Víctor Solís, gerente general de la CNFL; y Marvin Céspedes, director administrativo y financiero de la firma estatal.

“Se acordó, en conjunto con el ICE, trasladar la factura de noviembre para ser pagada durante el 2015. Y, de esta forma, permitir la atención de todos los compromisos que tiene la Compañía con sus acreedores”, afirmó Solís.

Por su parte, el director administrativo y financiero afirmó que, en otras ocasiones, tuvieron atrasos en pagos al ICE; pero nunca por un monto tan alto. La CNFL cancela al mes, en promedio, ¢20.000 millones al Instituto por la compra de energía.

La Compañía es la encargada de abastecer a 520.000 abonados, entre hogares y empresas, en la Gran Área Metropolitana (GAM). El 90% de esa electricidad se la compra al ICE.

La CNFL se vio obligada a informar del acuerdo con el Instituto mediante un hecho relevante, debido a una solicitud de la operadora de pensiones Vida Plena.

La empresa tiene colocados bonos de deuda en el mercado local, por un valor de ¢52.300 millones. El 43% está en poder de las operadoras de pensiones, según el registro de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Solís dijo que, el año anterior, hicieron una ronda de reuniones con sus principales acreedores para informarles sobre la situación financiera de la empresa.

“Las evaluadoras de riesgo mantienen nuestra calificación positiva y tenemos el respaldo del Grupo ICE”, afirmó el jerarca.

La CNFL, junto con Radiográfica Costarricense (Racsa), son las dos principales subsidiarias del ICE. A esta última, el Instituto ha tenido que transferirle recursos, en los últimos años, por sus problemas financieros.

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La apertura del mercado eléctrico

Insistir en el centralismo y la protección del ICE no es una buena política

Debemos abrirnos a la competencia, la descentralización y el mercado regional

Diciembre 27,2014

Hace pocos días, el Poder Ejecutivo y el ICE comunicaron que no impulsarán el Proyecto de Ley de Contingencia Eléctrica, que tiene como uno de sus propósitos subir de 15 a 30 el porcentaje de generación nacional a cargo del sector privado. En su lugar no propusieron ninguna otra iniciativa. Su estrategia parece ser, simplemente, la tranquilidad, con el argumento de que la demanda interna hasta el 2019 será cubierta por las plantas en operación o contratadas.

Días atrás, el Gobierno también había descartado siquiera discutir fórmulas para hacer posible que la riqueza geotérmica que yace en el subsuelo de algunos parques nacionales pueda ser explotada con respeto al ambiente.

Ambas decisiones, inconvenientes y miopes en sí mismas, contradicen la anunciada disposición del Ejecutivo a discutir a fondo las opciones para garantizar a largo plazo el suministro de electricidad, crear condiciones para bajar los precios, ampliar las fuentes, dar mayor impulso a las energías limpias y adaptar nuestro mercado eléctrico a las cambiantes condiciones nacionales y regionales. En su lugar, reflejan una mezcla de prejuicios ideológicos y defensa de esquemas burocrático-institucionales constituidos, que se traducen en una concepción centralista de la generación eléctrica a contrapelo de las mejores prácticas internacionales y el mejor uso de los recursos públicos, y que conducen a poner los intereses de una entidad –el Instituto Costarricense de Electricidad— por encima de los del país en general.

De paso, ambas decisiones han vaciado de relevancia el llamado “foro de diálogo sobre el tema energético” que coordina el Ministerio de Ambiente y Energía, y que se planteó como una instancia multisectorial, con el fin de discutir las mejores opciones y explorar las mejores soluciones para afrontar nuestros desafíos y oportunidades en la materia.

La aseveración de que la demanda interna estará cubierta durante los próximos cuatro años es, por decir lo menos, aventurada. En primer lugar, es posible que las necesidades de electricidad se incrementen, si la economía crece con mayor dinamismo, o si se introducen medios de transporte que la utilicen para sustituir los combustibles fósiles. En segundo lugar, nada garantiza que la oferta estimada se materializará, que los proyectos se desarrollarán según lo previsto (algo que raramente ocurre) o que eventos meteorológicos no afecten de manera imprevista la capacidad de las represas. Peor aún, referirse solo a Costa Rica como el ámbito de nuestro mercado eléctrico, y dejar por fuera de toda consideración el espacio regional que se ha creado con la interconexión del Istmo, es desconocer una nueva realidad, tanto de oferta como de demanda, que podría ofrecernos grandes oportunidades.

Tal concepción localista, en un mercado que tenderá a ampliarse geográficamente cada vez más, contradice una iniciativa reciente del ICE, encaminada, según sus voceros, a vender servicios para estructurar y construir megaproyectos de generación eléctrica en Centroamérica y el Caribe. El ICE no es una empresa constructora. Es mucho más consecuente con su misión concentrarse en ser eficiente, producir energía más barata y competir con ella en el mercado ampliado.

Mantener el tope del 15% para el sector privado implicará, además, reducir las posibilidades de alcanzar la meta de convertirnos en un país carbono-neutral en el 2021, y reducirá aún más los incentivos o presiones sobre el ICE para reducir la carga de costos innecesarios. Precisamente, el anuncio de la venta de servicios externos implica reconocer la existencia de personal ocioso, que se añade al peso económico de la entidad y, por ende, presiona las tarifas al alza.

Lejos de mantener un pernicioso apego a modelos ya superados, de proteger a una entidad en lugar de los intereses nacionales, y de apostar al centralismo en lugar de a la diversificación, lo que nuestro país necesita, con urgencia, es otra cosa. Nos referimos a una transformación de su mercado eléctrico para que se vuelva realmente competitivo y eficaz, ofrezca condiciones de igualdad a todos los participantes y sea capaz no solo de suplir la demanda presente y futura, sino también de convertirse en un generador de divisas mediante su extensión más allá de nuestras fronteras.

Fuente: La Nación